El Presidente García Pérez ha puesto en subasta casi todas las tierras y aguas productivas del Perú, la selva es la más preciada. Voraces trasnacionales y terratenientes peruanos se están apropiando de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas y nativas, expulsándolos de sus parcelas y sus fuentes acuíferas, y arrojándolos al desamparo total y absoluta pobreza.
Con vergonzante fanatismo neoliberal, el vendepatria que se hace llamar “compañero Presidente” enarbola la ideología de las rapaces trasnacionales quienes por varios siglos pretenden embaucarnos que los objetivos de su incontrolable rapiña del Perú son para “sacarnos de la pobreza” y “modernizarnos”. Con este propósito, usa triquiñuelas legales que heredo del fujimontecismo (corrompiendo funcionarios públicos y congresistas) promulga leyes violatorias de la Constitución y la soberanía.
A la llamada “Ley de la Selva” (proyecto de Ley 840) que es un verdadero cáncer al pulmón del Perú le ha dado el rimbombante nombre de “inversión privada de Reforestación”. El demagogo Presidente dice que dichas leyes son “para darle valor a las tierras eriazas y a las tierras que están por inundarse,” así tiene planes de entregar a las trasnacionales y terratenientes más de 8 millones de hectáreas de tierras.
En las tierras tropicales del Amazonas, allí donde se junta la fortaleza de nuestros andes con la belleza de la selva, aprovechándose de la carretera marginal que une al Pacifico, entran las trasnacionales (haciéndoles compañía a las firmas del narcotráfico) para saquear nuestras riquezas naturales.
En estos tiempos donde en todos los rincones del mundo, incluyendo Europa del Este que celebró la caída del muro de Berlín, el colapso del capitalismo neoliberal salvaje es evidente, ningún país en el planeta (menos aún los latinoamericanos) es tan servil y cómplice al saqueo de sus riquezas naturales como el del vendepatria García Pérez.
Nos dicen que esas tierras son eriazas pero en la selva baja donde se concentran las trasnacionales energéticas y mineras no existen tierras eriazas, casi todas son tierras forestales y productivas. En la sierra si hay tierras eriazas pero cumplen un importante rol en el cambio climático. La subasta de los bosques y parques forestales para ser arrasadas (arrojando sustancias tóxicas a los suelos y aguas) por las trasnacionales es un crimen ambiental por el cual también debe ser juzgado el genocida vendepatria García Pérez.
Miles de hectáreas de tierra están siendo privatizadas o entregadas en “concesión” a trasnacionales energéticas para la exploración del petróleo y gas, en muchos casos para ser explotados (extraídos) porque los peruanos ya pagamos por su exploración a través de Petro Perú. Concesiones mineras (adquiridas por medio de sobornos) proliferan sin ninguna presencia reguladora del Estado, miles de hectáreas han sido entregadas por ejemplo al grupo Romero para una supuesta producción de biomasa, y grandes zonas madereras ya están en poder de corporaciones chinas, yanquis y coreanas para el saqueo de las maderas finas. Solo en la región de San Martín, una extensión de territorio similar a la de Costa Rica, más del 25% de su territorio, ha sido subastado en secreto a las trasnacionales (Revista The Economist, Londres 21 de marzo, 2009).
La cordillera Escalera, fuente de agua de Tarapoto (capital de la región San Martín) ha sido entregada en propiedad a un consorcio formado por 3 trasnacionales, la canadiense Talismán Energy, la brasilera Petrobras y Repsol de España. Con esta medida criminal, el gobierno esta poniendo en serio peligro la vida de miles de peruanos, los animales en extinción y las plantas (Testimonio de Uderico Fasanado del gobierno regional).
El tráfico de madera es similar al tráfico de cocaína
El gobierno aprista no consulta a nadie, ni al Congreso, al Tribunal Constitucional, menos aún a las comunidades directamente afectadas por estos proyectos. Si alguien tiene el coraje de protestar y denunciar, los secuaces del gobierno, las fuerzas represivas y grupos para militares los amenazan de muerte tildándolos de comunistas o narcoterroristas (como ocurrió con la dirigente comunal la Sra. Semira Pérez).
Dionisio Romero (el mismo delincuente que entrego su avioneta para la fuga de Montesinos en los 90’s), socio de capitalistas chilenos, se ha apropiado de 3,000 hectáreas de tierras bajo el pretexto de construir una planta de aceite de palma en una zona reservada localizada en Barranquita. Por arte de magia, el corrupto gobierno aprista reclasifico la designación de esta zona (históricamente forestal) a una de “cultivos”. Detrás de este negocio esta una trasnacional minera que prefiere hacer trato entre privados con Romero y así desfalcar millones de dólares al Estado. El grupo Romero fue denunciado por sobornos a dos autoridades del consejo municipal y el gobierno regional para obtener los permisos respectivos, pero estos documentos fueron anulados por el alcalde actual de Barranquita y el corrupto funcionario regional fue despedido de su cargo.
Lo que se aprovecha el gobierno aprista es el problema de la titilación de las tierras que históricamente han sido manipulados políticamente, menos del 50% de los actuales propietarios poseen títulos y sus tierras pueden ser arrebatados en cualquier momento por el régimen vendepatria. Una ley aprobada por el sumiso Congreso en febrero del 2009, favorece los intereses de las trasnacionales y el gamonalismo. El gobierno tiene el derecho de usurpar y tomar a la fuerza las tierras de las comunidades para entregárselos a las trasnacionales y los gamonales (“inversionistas”) nativos, otra ley en las áreas urbanas permite a las fuerzas represivas desalojar de sus viviendas a los pobladores de los asentamientos humanos. Más de 250,000 familias están en peligro de ser arrojados a la calle a no ser que el régimen aprista use el chantaje político tal como hizo el fujimontecinismo chantajeándolos para sus movilizaciones.
En la región Loreto, la trasnacional Pluspetrol ha invadido las tierras de la comunidad nativa Achuar en la localidad de Andaos y quienes con justa razón se han levantado en armas. La policía nacional, que en lugar de protegerlos, se ha convertido en el perro de las trasnacionales acusando y arrestando a los dirigentes del pueblo.
El trafico de la madera es similar al trafico de la cocaína. Casi la totalidad de la tala es ilegal (el Estado no obtiene un centavo), las maderas finas extraídas (caoba, cedro, shihuahuaco) del Alto Tamaya, Purus y el territorio Ashaninkas son “blanqueadas” mediante la compra y/o falsificación de permisos y certificados otorgadas por autoridades corruptas (el mismo Presidente regional de Ucayali es un “inversionista” maderero), luego la madera (vía Pucallpa) es sacada del país rumbo a EE.UU., Corea, China, India. Esto ocurre con mas intensidad en las áreas otorgadas en “concesión”. Nadie hace un inventario de lo que sacan ni lo queda para los depredadores, y las trasnacionales, todo es rapiña.
Lo curioso es que por allí esta la policía y la Marina de Guerra, pero no para proteger los intereses del Perú sino para arrestar como “narcoterroristas” a los que denuncian el saqueo de sus tierras y bosques. Los pueblos nativos del Perú no tienen voz, nadie les hace caso.
Es por eso que se rebelan y muchos de esos jóvenes nativos se enrolan en las filas del Partido Comunista del Perú levantado en armas. ¿Que más podrían hacer si la otra alternativa es convertirse en mochileros, paqueteros y enganchadores del narcotráfico o servir de parapetos de la represión?. Si a los pueblos del Cusco de donde sacan el gas de Camisea, se les paga un tributo (el fidecomeiso) ¿Porque a las comunidades nativas dueñas de las tierras de donde se llevan las riquezas energéticas y la madera del Perú no se les da ni un centavo?
La rebelión de los pueblos amazónicos es justa. El combativo paro indefinido de más de 1,350 comunidades nativas se inicio el 9 de abril en demanda del cumplimiento de sus justas reinvidicaciones, el respeto a los tratados internacionales que protegen sus tierras y a ser consultados por el gobierno, y como medida concreta la inmediata derogatoria de los decretos de ley impuestos al caballazo por la dictadura de García Pérez y la inmediata libertad de todos los pobladores arrestados.
Como ha anunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), “la lucha de los pueblos amazónicos, es la lucha de todos los peruanos que nos oponemos al remate del patrimonio nacional.” Apoyemos la lucha de los pueblos amazónicos.
Trabajo de libre circulación. Sus comentarios son bienvenidos.
Cathy García ( cathygarciap@aol.com )
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